En España, los "lunes al sol" por una pensión justa
Los ataques frontales a los planes de pensiones públicas son una realidad en muchos países de la Unión europea. En España, la lucha de los jubilados comenzó en 2011 y sigue en marcha. Cada lunes, los pensionistas españoles salen a la calle. Celebran los "Lunes al sol" para exigir pensiones justas. (Foto: Reunión en Baracaldo, Bilbao.)
Lo han estado haciendo durante años, aunque desde principios de 2018 su movimiento cobró impulso. Cada lunes, los jubilados españoles se reúnen en numerosas ciudades y pueblos de España. Reivindican su derecho a una pensión decente que les permita vivir. En España, más de 5 millones de pensionistas tienen una pensión de menos de 700 euros. Recibir la pensión mínima en España significa sobrevivir con 599 euros al mes. Y la pensión media actualmente es de 970 euros. Con estas cantidades, se cuentan los días para saber cómo pagar el alquiler, la electricidad, el agua o la comida. Así que no es sorprendente que los pensionistas españoles salgan a las calles. Desde Bilbao a Sevilla, pasando por Madrid o Segovia, se pueden encontrar celebrando los "Lunes al Sol", concentraciones de cientos de personas frente a los gobiernos locales y regionales.
El principio
Todo comenzó en 2011, cuando el gobierno socialista de José María Rodríguez Zapatero introdujo, en el momento más duro de la crisis, una reforma laboral que no sólo significó el aumento gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años, sino también la obligación de haber cotizado durante al menos 25 años (antes 15) para poder acceder al cálculo de la pensión contributiva. No satisfecho con este castigo para los trabajadores, el gobierno ha dado un nuevo paso, el más perjudicial para los pensionistas, con la introducción del "factor de sostenibilidad", que implica que el importe de la pensión dependerá de factores externos.
Un año más tarde, con el nuevo gobierno del Partido Popular de derecha, el ataque a las pensiones se refuerza aún más. En primer lugar se decidió que las pensiones ya no se indexarían al coste de la vida, sino sobre la base de un porcentaje fijo del 0,25 %. En segundo lugar, para desarrollar este "factor de sostenibilidad", el gobierno de Mariano Rajoy ha vinculado el valor de la pensión a la esperanza de vida de los trabajadores.
Ese fue el año en que comenzó el movimiento de lucha por las pensiones. Se están llevando a cabo importantes movilizaciones en todo el país. Las pensiones han sido defendidas con uñas y dientes desde entonces. Dos factores refuerzan la movilización. El primero es el elevado número de pensionistas en España, que actualmente es de unos 8,5 millones de personas. El segundo factor es que, desde la crisis, y debido al alto porcentaje de desempleo (actualmente 14,1%, con una tasa de desempleo juvenil de 32,8%) y a la precariedad, muchas familias españolas han sobrevivido con ingresos de pensiones.
La última explosión
A principios de 2018, después de unos años muy difíciles para los trabajadores españoles, que han sufrido todos los golpes de la crisis y la austeridad, los pensionistas reciben por quinto año consecutivo una carta de la Seguridad Social en la que se les informa de que su pensión aumentará sólo un 0,25%. Eso fue la gota que colmó el vaso y desde entonces, el movimiento de los pensionistas no ha conocido una tregua. Bajo el lema "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", están en la calle. Como resultado de esta presión, han obtenido victorias, con el gobierno aceptando indexar las pensiones al índice de precios al consumidor durante los próximos dos años y olvidándose de los pobres 0,25%.
Hace unos meses, las diversas organizaciones locales de jubilados, organizadas bajo la égida de la " Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones", hicieron oír su voz de manera espectacular. Viajaron a Madrid a pie y desde varios puntos de la Península Ibérica, a veces cubriendo más de 700 km. El 16 de octubre miles de pensionistas salieron a las calles para manifestarse ante el Congreso de los Diputados y las autoridades estatales, exigiendo una pensión mínima de 1080 euros y reclamando la eliminación del "factor de sostenibilidad". Consiguieron imponer el tema de las pensiones justas durante las negociaciones para formar un gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos.
La lucha continúa
Pero la batalla no se detiene. Debido a la aplicación del "factor de sostenibilidad", los nuevos pensionistas recibirán 22 euros menos al mes a partir de enero de 2020. Además, la indexación de las pensiones, como en Bélgica, no corresponde al costo real de la vida. El Índice de Precios de Consumo (IPC) no representa lo que realmente cuesta vivir en España. En consecuencia, la Red de Jubilados explica que "es el índice de precios al consumidor real el que debe aplicarse, teniendo en cuenta en el cálculo factores como el costo de la electricidad y la calefacción".
La pensión mínima calculada de acuerdo con la Carta Social Europea no es la única demanda básica de los pensionistas españoles. También piden que se restablezca la edad de jubilación a los 65 años. Quieren trabajar para vivir, no morir en el trabajo. Pero sobre todo, defienden la protección del sistema público de pensiones. Defienden la pensión como un derecho real, como un derecho a la dignidad, y están decididos a seguir reuniéndose todos los lunes bajo el sol, la lluvia o la nieve para ganar su caso.